La Juramentación del Presidente Electo

 Defensoría de los Venezolanos en el Exterior DeVenEx

Ante El Nuevo Período Constitucional, y La Juramentación del Presidente Electo

Caracas, 8 de enero de 2013

COMUNICADO

            La Defensoría de los Venezolanos en el Exterior, en cumplimiento de sus deberes de orientación, defensa y protección de los derechos de nuestros connacionales; así como de los principios de justicia, libertad y solidaridad inherentes a la democracia; consciente del peligro de violación del procedimiento para asumir y ejercer la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, en forma constitucional, que se cierne sobre nuestra democracia, fija posición sobre la actual coyuntura de la Nación en los términos siguientes:

Considerando que el 7 de octubre de 2012 el pueblo de Venezuela -en ejercicio de su soberanía- eligió Presidente para el sexenio 2013-2019 al ciudadano Hugo Chávez Frías, mandatario en ejercicio a quien razones de salud condujeron a ausentarse del país; para lo cual, la Asamblea Nacional le otorgó permiso en fecha 9 de diciembre del mismo año.

Conscientes de la temporalidad de tal ausencia al momento de la tramitación del permiso para viajar al exterior, y de la designación efectuada por el Presidente en ejercicio para que el Vicepresidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, finalizara el período iniciado el 10 de enero de 2007, conforme a lo previsto en los artículos 234 y 239 de la Constitución de la República.

Reivindicando el carácter electivo de la Presidencia de la República; y sosteniendo el carácter temporal de cada período constitucional, conforme a lo preceptuado en el artículo 230 de la Constitución en la forma indubitable siguiente: El período presidencial es de seis años.” De donde se desprende que, el período de todo mandatario está sujeto a caducidad, y no es hereditario ni vitalicio.

En defensa de la alternabilidad democrática; a cuyo fin, el constituyente fijó el día de inicio y fin de cada mandato; y de modo particular el de la Presidencia de la República, cuya toma de posesión debe regirse por la norma siguiente: “El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional.” (Artículo 231 de la Constitución.)

Recalcando que  la citada norma sólo indica como fecha para el inicio del período el día 10 de enero; y no agrega adverbios de tiempo (tales como “después” o “posteriormente”) como -en forma laxa- ha sostenido la ciudadana Cilia Flores, Procuradora General de la República.

Precisando que -aunque el Presidente sea el mismo- el 10 de enero de 2013 en Venezuela culmina el sexenio del Gobierno iniciado el 10 de enero de 2007, y se inicia un nuevo período. Caduca un mandato y se inicia otro. Y, junto con la anterior Presidencia, caduca el nombramiento del ciudadano Nicolás Maduro como Vice-Presidente  Ejecutivo y, en consecuencia, cesa en sus funciones.

Siendo conscientes de que si el Presidente se juramentara, y ratificara a dicho funcionario, éste tendría la legitimidad para suplir la falta temporal del Presidente de la República, conforme a lo previsto en el numeral 8 del artículo 239 de la Constitución; falta calificable de este modo si dura hasta 90 días, prorrogables por igual lapso, previa autorización de la Asamblea Nacional.

Aclarando que la posibilidad de juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia sólo procede por causas sobrevenidas y no por causas preexistentes; entendiendo por sobrevenido aquello que -por repentino- nos sorprende.

Debiendo entender en consecuencia que, las causas sobrevenidas están referidas al órgano legislativo que toma el juramento, y no a quien lo presta; y que esta ajenidad en la causa (falta de quórum, violencia política u otras causas vinculadas al cuerpo legislativo), es lo que le permite al oferente juramentarse -en forma extraordinaria- ante el órgano judicial, en la misma fecha (10 de enero) ya que los lapsos y términos procesales son de orden público. En consecuencia, esta fecha  término no puede ser relajada por convenios entre particulares, máxime cuando ha sido consagrada por la Constitución.

Considerando que asumir la Presidencia de la Nación no es un formalismo inútil, sino, el medio para honrar la oferta electoral presentada a los 28 millones de habitantes del país; y apreciando que, aunque se sea titular, no se puede ejercer la Presidencia si no se toma de hecho el cargo, compartimos el criterio señalado –análogamente- por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso de la juramentación del Gobernador del Estado Carabobo, en los términos siguientes:

(…) el inicio de la acción de gobierno depende de la correspondiente toma de posesión, resulta patente que el acto de juramentación del jefe del ejecutivo (…) constituye una solemnidad imprescindible para la asunción de la magistratura (…) y, por tanto, condiciona la producción de los efectos jurídicos de una de las funciones esenciales de los entes político territoriales, a saber, la función ejecutiva del (…) electo y, el consiguiente, desarrollo de las facultades de dirección y gobierno (…), así como la gestión del interés público que satisface real y efectivamente las necesidades colectivas (Sentencia Nº 626 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 26 de mayo  de 2009, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López.)

            Habiendo quedado patentizado por analogía que, la Asamblea Nacional es el Poder ante el cual el Presidente debe jurar el cargo, pues ésta no ha dado lugar a ningún hecho impeditivo para tal fin.

Considerando que, la juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia constituye un mecanismo extraordinario, al cual el Presidente Electo puede recurrir sólo cuando causas atribuibles a la Asamblea Nacional le impidan tomar posesión del cargo.

Reconociendo que, si bien, la no-juramentación en la fecha indicada  no está prevista en forma expresa entre las causas que dan lugar a la falta absoluta del Presidente de la República, tal circunstancia, aún cuando no constituye un abandono voluntario del cargo, da lugar a la evaluación médica de la capacidad del Presidente Electo para asumir su investidura, mediante el procedimiento previsto en el artículo 233 de la Constitución.

Considerando que, si bien la Asamblea Nacional le otorgó un permiso por más de cinco días al Presidente en Ejercicio, en aplicación del artículo 235 de la Constitución, la duración de dicho permiso fenece el día 10 de enero, junto con el sexenio.

Dada la vigencia que el Presidente de la Asamblea Nacional y el Vicepresidente Ejecutivo le atribuyen al mencionado permiso, más allá del sexenio constitucional, denunciamos ante el país y el mundo la pretensión de dichas autoridades de derogar los artículos 230 y 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con una licencia.

Dado el carácter de orden público de los lapsos constitucionales, en estricto derecho, el 10 de enero cesaría en sus funciones el actual Vicepresidente Ejecutivo.

Considerando que la Constitución de la República no contempla las faltas temporales antes de la asunción del cargo de Presidente, la no comparecencia del Presidente Electo para tomar posesión del cargo en esa fecha –en las circunstancias concretas del caso- debe subsumirse al abandono involuntario del cargo; circunstancia ante la cual, para evitar un vacío de poder, el Presidente de la Asamblea Nacional debe asumir la Presidencia de la República, mientras el Tribunal Supremo de Justicia -previa designación de una Junta Médica- determina si, por razones de incapacidad física o mental, la falta del Presidente de la República es absoluta; y deberá fijar la fecha para unas nuevas elecciones, pues, a tenor de lo previsto en el artículo 5 de la Constitución “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio.”

En la eventualidad de que el Presidente Electo no se juramentara el día 10 de enero, la Sala Constitucional del máximo tribunal de la República, asumiendo el control de la constitucionalidad del ejercicio del poder público, deberá pronunciarse sobre la admisión de la solicitud de una Junta Médica para determinar si el ciudadano Presidente se encuentra en incapacidad permanente para el ejercicio del cargo.

Exhortamos a las máximas autoridades de los poderes públicos nacionales a ahorrarle una crisis institucional a Venezuela y a hacer prevalecer el Estado de Derecho y de Justicia; más aún, cuando el propio Presidente, al encargar al Vicepresidente Ejecutivo lo hizo, no para que se atornillara inconstitucionalmente en el cargo, sino, para que concluyera el período por vencerse y –luego- asumiera la candidatura de su partido en unas nuevas elecciones.

Sólo el respeto al Estado de Derecho y de Justicia garantiza la paz social.

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